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Cundinamarca lideró la segunda jornada de servicios institucionales para población migrante en Sabana Occidente

  • Facatativá fue el escenario de esta iniciativa que reafirmó el compromiso con la inclusión social y la protección de los derechos humanos.

 

(Cundinamarca, 04 de septiembre de 2024). Más de 1.700 personas se beneficiaron de esta jornada en la que se ofrecieron servicios esenciales en áreas como salud, educación, registro civil y defensa de derechos humanos. 

 

La Registraduría Nacional, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) y la Liga Contra el Cáncer, entre otras entidades, atendieron de manera integral a la población migrante, retornada y en situación de vulnerabilidad, consolidando el esfuerzo de inclusión social en la provincia de Sabana Occidente.

 

Además, se realizaron procesos de regularización migratoria, incluyendo la entrega de Permisos por Protección Temporal (PPT), correcciones de documentos y pre-registros para niños y adolescentes, facilitando el acceso a servicios fundamentales. 

 

“Estamos aquí para garantizar que los migrantes puedan regularizar su situación y acceder a servicios que mejoren su calidad de vida”, afirmó la coordinadora del Grupo de Trámites Especializados de Migración Colombia, regional Andina, Ángela María Martínez.

 

Por su parte, Laura Ramírez Romero, directora de Convivencia Justicia y Derechos Humanos de Cundinamarca, destacó el esfuerzo interinstitucional.  “Este trabajo conjunto permitió no sólo regularizar la situación de los migrantes, sino también proporcionar acceso a salud, educación y otros servicios esenciales. Estamos construyendo una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos”, expresó.

 

El evento, liderado por la Gobernación de Cundinamarca-Secretaría de Gobierno, en colaboración con Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y diversas entidades nacionales y departamentales, también contó con la participación de organismos internacionales como ACNUR, USAID y la Cruz Roja, quienes, junto con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional de Colombia y el ICBF, aseguraron la protección integral de los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados. 

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